Las pensiones volverán a ser tema de debate a partir de esta semana, cuando el gobierno presente un nuevo estudio actuarial que muestre las condiciones del sistema previsional vigente en el país, como parte de sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), con quien tiene un acuerdo financiero.

De este estudio surgirán nuevas propuestas para reformar el sistema, mismo que ha sufrido modificaciones en diferentes años, siendo las más recientes en 2017 y 2022.

Según el FMI, estos cambios se realizarán para dar sostenibilidad al sistema de pensiones como parte de una consolidación de sus finanzas. “Se requieren reformas integrales de la función pública y del sistema de pensiones para salvaguardar la consolidación fiscal y proteger el gasto social y de infraestructura prioritario”, indica la primera revisión del acuerdo por $1,400 millones que el FMI le ha dado al país para los próximos años.

Pero, además las estadísticas muestran un sistema de pensiones sostenido por pocas personas.
De acuerdo con los datos disponibles hasta 2023, sólo el 27% de la Población Económicamente Activa (PEA), es decir, 1 de cada 4 personas en edad de trabajar, ahorra para su jubilación.
El resto de salvadoreños no ahorra para su pensión porque su actividad económica está en el sector informal.

En 2023, la PEA fue de 3,094,080 personas, pero según los datos de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), solo cotizaban activamente 856,141 trabajadores: 852,900 personas cotizantes de laguna de las dos AFP en el sector privado y 3,241 personas en el sistema público, derogado en 1998.

Los afiliados son más. Según las estadísticas hay 3.9 millones de trabajadores salvadoreños que alguna vez se registraron en una AFP, pero por diversas circunstancias ya no siguieron aportando para su ahorro.
Según el observatorio de pensiones de la Fundación Guillermo Manuel Ungo (Fundaungo), el 40.7 % de los cotizantes (2 de cada 6) alcanzan el valor mínimo requerido (25 años de cotización) para poder jubilarse y acceder a una pensión.

Personas jóvenes, en edad más avanzada, residentes de áreas rurales y de más bajos ingresos tienden a cotizar con menor frecuencia, según su análisis.
Además, que sus salarios no son suficientes para garantizar una buena pensión. Fundaungo señala que 4 de cada 10 cotizantes tienen un ingreso base de cotización (IBC) igual o menor a $460.05, tomando en cuenta datos de 2021, cuando todavía no se había aumentado el salario mínimo.

El escenario podría haber variado mucho más, pues según un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sobre la jubilación después del COVID-19 indicó que la cobertura de pensiones se redujo un 1.3% y el número de cotizantes también disminuyó en 14%.

No obstante, por ahora se desconocen los datos precisos de los cotizantes actuales y el número de afiliados pues la Superintendencia del Sistema Financiero dejó de publicar datos oficiales desde abril de 2023.
Sin embargo, bajo este esquema de baja cobertura, sólo 1 de cada 6 personas adultas mayores cuenta con una pensión por vejez en El Salvador.

Según el observatorio de Fundaungo, la cobertura previsional de la Población Adulta Mayor en El Salvador es de las más bajas de los países con capitalización individual.

Retomando datos de la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS), con 10 países de la región que tienen capitalización individual entre ellos Chile, Argentina, Costa Rica, México, Panamá. El Salvador tiene el octavo de lugar en cobertura.

Beneficios

Los beneficios que reciben los pocos salvadoreños que logran obtener una pensión tampoco son alentadores.
Según un análisis de la agencia calificadora SCRiesgo elaborado en 2023, la tasa de reemplazo de El Salvador, es decir, el porcentaje de dinero que recibirá un jubilado en relación a sus últimos ingresos, apenas alcanza el 33 %, para los cotizantes del sistema de pensiones privado, el más bajo de Centroamérica.

Esto significa que si el salario de una persona es de $1,000, recibirá una pensión de $330 para costear su vejez.
Las tasas de reemplazo varían según grupo de pensionados, pues están las personas que se quedaron en el sistema público, otros que optaron por trasladarse a una AFP, otros que fueron obligados a trasladar su saldo a una AFP y otro grupo más que ha ahorrado únicamente en una AFP.

No obstante, es una constante preocupación para miles de personas que están próximos a jubilarse y aún tienen gastos significativos como el pago de casa, colegiaturas o deudas.
Los cambios que se avecinan buscan nuevamente sanear las finanzas del Estado, que desde 2006 comenzó a endeudarse con los cotizantes del sistema privado para pagar a unos 88,068 pensionados del sistema público (ISSS e ISP).

Aún se desconocen las medidas que se adoptarán una vez que se conozca el informe actuarial. Sin embargo, el experto en pensiones y fundador de la Mesa para una Pensión Digna, Patricio Pineda, aseguró que estas reformas seguramente van a tocar temas que no son políticamente aceptados como aumentar la edad de jubilación (actualmente la edad mínima para mujeres es 55 años y para hombres es de 60). También se podrían analizar otras medidas como el aumento de la cotización (ahora es de 16%).

Rafael Lemus, economista espera que estas reformas solventen el problema fiscal del gobierno, pero también garanticen el respeto a la propiedad de los cotizantes.