La espera por la reforma al sistema de pensiones de El Salvador entra en su tramo final. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fija el 10 de febrero como fecha límite para presentar una propuesta, mientras el tiempo se acorta y persisten dudas sobre la solidez del insumo que la sustenta.
El estudio actuarial, base para definir los cambios que se aplicarían a partir de 2026, no fue entregado conforme al calendario original. Inicialmente estaba previsto para julio, luego se solicitó una prórroga hasta septiembre y, finalmente, en diciembre solo se hizo público “un resumen”, expone Patricio Pineda, miembro de la Mesa por una Pensión Digna.
“Muy probablemente el documento actuarial del fondo está en Washington porque no se ha publicado. Aquí lo que se ha publicado es un resumen a manera de boletín, que no tiene una reforma actuarial sólida”, advirtió en la entrevista de La Tribu.
Pese a ello, el contenido del documento muestra la magnitud del problema. El estudio señala que 2.1 millones de salvadoreños no jubilados tienen una cuenta de ahorro para pensiones, aunque una parte importante no cotiza de forma regular. Señala que 2024, 1.1 millones de personas realizaron al menos una contribución al sistema privado, lo que equivale a una tasa de cotización cercana al 52 % respecto al total de titulares de cuentas. Sin embargo, solo el 36 % de las personas entre 20 y 55 años aportó durante los 12 meses completos del año.
Expertos vinculan este comportamiento a un mercado laboral dominado por la informalidad, que impide la continuidad de los aportes. A ello se suma la práctica de las AFP de afiliar a jóvenes en los duicentros cuando tramitan por primera vez su DUI, aun cuando no cuentan con un empleo formal.
El informe también expone el principal riesgo estructural del sistema: un déficit actuarial proyectado del 59 % del PIB entre 2024 y 2070, mientras que las cuentas individuales de numerosos jubilados se agotarán en los próximos años debido a bajos aportes y compromisos de pago.
El ex presidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, advirtió que el problema trasciende lo previsional y se convierte en una amenaza fiscal. “El déficit actuarial hasta 2070 es casi el 60 % del PIB en valor presente. Si se suma a la deuda de pensiones ya emitida, que ronda el 30 % del PIB, estamos hablando de una carga cercana al 90 % del PIB”, señaló en una entrevista televisiva.
Reducir la dependencia fiscal de los fondos de pensiones es una de las exigencias centrales del FMI. Expertos señalan que la propuesta deberá definir ajustes estructurales que permitan sostener el sistema previsional, en un contexto de baja cobertura contributiva, cuentas individuales con proyección de agotamiento y crecientes obligaciones fiscales.
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