El 1 de enero de 2026 entró en vigor el cobro de 1% de impuesto a las remesas desde Estados Unidos, un gravamen que fue incluido en la iniciativa fiscal denominada The One Big Beautiful Bill Act, aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 2025 y firmada por el presidente Donald Trump.
El impuesto grava específicamente los envíos de dinero financiados con efectivo, giros postales, cheques de caja u otros instrumentos físicos.
Según el boletín administrativo del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (ISR), las empresas que facilitan las remesas, como Western Union, MoneyGram y similares, son responsables de cobrar este impuesto al remitente y remitirlo trimestralmente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Su cobro no modifica el monto que recibe el beneficiario en el país de destino.
Quedan exentas las remesas realizadas desde cuentas bancarias en EUA mediante tarjetas de débito o crédito emitidas en ese país, o a través de plataformas digitales o aplicaciones móviles.
Pero aunque este cobro significa un mayor costo de envío para los salvadoreños en el exterior, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indicó que no se anticipa una crisis inmediata por este, dada la resiliencia de las remesas en el país.
“Basándonos en la resiliencia histórica de las remesas y su papel contracíclico, no anticipamos una crisis inmediata, pero sí la posibilidad de una reducción del poder adquisitivo cuya magnitud final dependerá de la capacidad de adaptación hacia métodos digitales, de políticas compensatorias implementadas y de la evolución del contexto económico global”, expresó el organismo ante una consulta realizada por La Prensa Gráfica a inicios de diciembre.
Entre enero y noviembre de 2025, El Salvador recibió $9,021.7 millones en remesas familiares, lo que representa un crecimiento interanual de 18 %, de acuerdo con datos del Banco Central de Reserva (BCR).
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